El ministro Alberto Pérez Dayán dio entrada a los recursos legales promovidos por distintos municipios en contra del Plan B electoral de AMLO.
Las controversias judiciales contra el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han hecho esperar. Desde su aprobación, la oposición anunció que todavía faltaría la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y puso en tela de juicio la preponderancia de este plan.
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El Plan B constituye el paquete de reformas legales que toca la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE). Este documento tuvo una acción inmediata pues al día siguiente de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el entonces Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, fue retirado de su cargo tras catorce años en funciones que además, fungió como mano derecha de Lorenzo Córdova.
Este plan pretende quitar al INE los excesos y lujos que han gozado sus funcionarios. En este contexto, obliga a la institución electoral a someterse a la nueva política de austeridad. Es decir que e INE no podrá destinar recursos a ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos. Tampoco puede contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, o esquemas similares de contratación.
Por estas razones ha sido una de las reformas que más controversia ha generado entre la presidencia de la República y los partidos de oposición. En consecuencia, las impugnaciones por supuesta inconstitucionalidad no han tardado en llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SCJN admite siete controversias constitucionales
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió los recursos legales emitidos por los municipios Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, así como Guanajuato y Comonfort, en Guanajuato.
Las controversias impulsadas por los municipios aseguran que la reforma al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social vulnera su autonomía en materia de presupuesto y por esto mismo limita sus facultades.
Alberto Pérez Dayán no les otorgó la suspensión solicitada por los municipios ya que la reforma no implica la transgresión irreversible de algún derecho humano.
Plan B electoral suma más impugnaciones
A partir de la publicación del Plan B en el Diario Oficial de la Federación, las impugnaciones se han ido sumando en un intento de frenar los cambios que trastocan a la institución electoral.
Incluso varias entidades del escenario político han anunciado que impulsarán más controversias al paquete de reformas electorales.
En este sentido, nunca se había visto en la historia reciente del país tantas impugnaciones a una reforma propuesta por el ejecutivo. Además, es importante recordar que este Plan B fue en respuesta a la negativa del poder legislativo federal del primer proyecto de Reforma Electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
