La ministra Norma Piña Hernández solicitó en su contrapropuesta que el Gobierno Federal brinde un presupuesto fijo anual al Poder Judicial.
Este fin de semana, Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó una contrapropuesta de reforma al Poder Judicial para que las y los legisladores tomen en cuenta esta iniciativa en lugar de la del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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De acuerdo con su mensaje, la propuesta en cuestión surgió tras un amplio diálogo que involucró a actores clave de los sistemas de seguridad y justicia, tanto a nivel federal como local; además, contó con la participación de legisladores, académicos, organizaciones civiles y víctimas de violencia.
A la par, la ministra presidenta explicó que la propuesta abarca desde la revisión de los procesos judiciales hasta el fortalecimiento del Poder en cuestión en todos sus niveles, así como el mejoramiento de la seguridad pública.
Norma Piña pide presupuesto fijo para el Poder Judicial
En el documento de la ministra Norma Piña Hernández se presentan 60 puntos, entre los que destaca el presupuesto fijo anual para el Poder Judicial, el cual sería no negociable, con el objetivo de que este permita a las fiscalías, defensorías y abogacías federales y locales hacer de manera eficaz su trabajo.
Asimismo, la ministra puso sobre la mesa el hecho de que se establezca en la Constitución la obligatoriedad de que haya un número mínimo de personas juzgadoras en cualquier nivel por cada 100 mil habitantes. Estos dos cambios, según su visión, significarían un gran paso de cara a lo que México realmente necesita.
“Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”.
Puntos clave de la reforma judicial propuesta por Norma Piña
Otros puntos a tomar en cuenta en la propuesta de Norma Piña Hernández son los siguientes:
- Ética y legitimidad judicial: revisión de procesos judiciales y desarrollar programas de capacitación en ética y legitimidad.
- Fortalecimiento de los poderes judiciales locales: incrementar los recursos y personal de los poderes judiciales estatales.
- Diseño normativo, sustantivo y procesal: eliminación de figuras que vulneren derechos humanos, como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
- Seguridad pública: desmilitarizar la seguridad pública y mejorar la operación de los sistemas de registro de detenciones.
- Investigación criminal: mejoramiento de protocolos de investigación para delitos graves.
- Servicios forenses y periciales: crear una Ley General de Servicios Forenses que homologue los servicios a nivel nacional.
- Defensoría pública: fortalecer las defensorías públicas con más personal, mejores recursos y garantizar su autonomía.
- Atención a víctimas: mejoramiento de la atención médica, simplificar los procedimientos de ayuda inmediata y garantizar la participación de las víctimas indirectas en los procesos judiciales.
- Ejecución penal: protección a los grupos vulnerables en prisión, garantizar la independencia de jueces de ejecución y mejorar los servicios de interpretación y mediación cultural para comunidades indígenas.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
