La SCJN confirmó la constitucionalidad de clasificar al litio como un recurso estratégico, al nivel del petróleo y la electricidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma a la Ley Minera que declaró al litio patrimonio de la nación.
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Dicha iniciativa fue presentada por el expresidente López Obrador, quien pretendía devolverle la soberanía a los mexicanos en cuanto al litio, considerado como un componente esencial para la fabricación de tecnología energética.
AMLO propuso la reforma para asegurar que México estuviera a la vanguardia en el tema de electromovilidad y no solo fuera un extractor de materia prima, sino que tuviera el control para desarrollar una industria nacional de tecnología energética.
SCJN avala reforma a la Ley Minera de AMLO
La SCJN determinó que el litio es un mineral estratégico, similar al petróleo, por lo que su exploración, explotación y aprovechamiento quedan bajo control directo de la nación. Esto valida la creación y operación de la empresa paraestatal Litio para México (LitioMx) como el único ente facultado para gestionar este recurso.
Los ministros fundamentaron su decisión en el hecho de que el litio es pieza clave para la transición energética y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos.
Por ello, consideraron que el Estado debe garantizar que los beneficios económicos de este “oro blanco” no se fuguen totalmente al extranjero.
La Corte dictaminó que no era necesario realizar una consulta previa a pueblos indígenas para aprobar esta reforma. Según las ministras y ministros, la ley solo cambia quién puede explotar el litio, pero no autoriza proyectos específicos en territorios concretos. Si en el futuro se planea extraer litio en alguna comunidad indígena, entonces sí deberá realizarse una consulta.
Además, consideró válido que los yacimientos de litio puedan declararse zonas de reserva minera y de utilidad pública, siempre que se sigan los procedimientos técnicos establecidos en la ley.
Queda prohibido que empresas privadas exploten el litio
Con esta resolución, el destino de las concesiones otorgadas a empresas extranjeras para explotar el litio enfrentaría nuevos cambios.
La SCJN validó que el Estado tiene la facultad de revisar y, en su caso, cancelar o no otorgar nuevas prórrogas si no se cumplen estrictamente con los nuevos lineamientos de utilidad pública.
Por ello, a partir de ahora la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio son competencia exclusiva de la nación, operada a través del organismo público descentralizado Litio para México.
Asimismo, la Corte validó los artículos de la Ley Minera que prohíben otorgar contratos, permisos o autorizaciones a particulares. Cualquier yacimiento de litio detectado se convierte automáticamente en una “zona de reserva minera” controlada por el Estado.
