Por unanimidad, el Senado aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Será enviada al Ejecutivo.
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
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Aunque se modificarán más de cien artículos, uno de los puntos más relevantes es que se permitirá a funcionarios de empresas paraestatales, organismos autónomos y compañías de seguridad privada obtener licencias para portar armas.
Con 105 votos a favor de los senadores presentes en el salón de sesiones, el proyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue avalado y será enviado a la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para que continúe su trámite correspondiente.
Senado aprueba reforma sobre armas de fuego y explosivos
Una vez promulgada la reforma, los funcionarios de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Banco de México (Banxico) podrán obtener licencias para portar armas de fuego, siempre que justifiquen su necesidad y cumplan con los requisitos legales.
Entre los cambios más importantes de la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se contemplan nuevas sanciones penales y administrativas para combatir con mayor rigor los delitos relacionados con armas y elementos prohibidos.
Las penas de prisión para quienes cometan infracciones comunes, como la posesión ilegal de armas, irán de cuatro a ocho años, acompañadas de multas que van de setecientas hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual representa un aumento significativo en comparación con las disposiciones anteriores.
El dictamen también establece sanciones más severas para casos considerados de mayor gravedad. Por ejemplo, quienes introduzcan al territorio nacional armas, cargadores o aditamentos prohibidos enfrentarán entre siete y treinta años de prisión, además de multas de hasta dos mil UMAs.
Este tipo de delitos suele estar vinculado al crimen organizado o al tráfico ilegal de armas, por lo que se busca desincentivar estas prácticas mediante penas ejemplares.
Asimismo, se impone una pena de 6 a 12 años de cárcel, junto con multas de hasta trescientas UMAs, a quienes hagan uso indebido de explosivos, sustancias químicas o artificios que están reservados exclusivamente para la Fuerza Armada Permanente. Estas disposiciones pretenden evitar que materiales de uso militar caigan en manos civiles o se utilicen para fines delictivos.
¿Qué propone la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos?
Otro punto relevante de la reforma es el castigo para quienes dispongan de manera indebida de armas asignadas a instituciones policiales o de procuración de justicia. En estos casos, las penas serán de siete a quince años de prisión, con el objetivo de frenar la filtración o mal uso del armamento oficial.
Además, el dictamen contempla disposiciones específicas para actividades como la charrería, la cacería deportiva y los servicios de seguridad privada. En el caso de la charrería, se permitirá el uso de revólveres de mayor calibre como parte del atuendo tradicional, siempre que las armas se mantengan descargadas y no sean utilizadas como instrumentos de defensa o agresión.
Para las empresas de seguridad privada, se refuerzan los controles sobre el tipo de armamento autorizado y su uso regulado.
Por otro lado, se prohíbe de forma tajante la fabricación, posesión, transporte y uso de dispositivos que permitan convertir armas semiautomáticas en automáticas, incluyendo aquellos elaborados mediante impresoras 3D o métodos artesanales.
Esta medida busca cerrar brechas tecnológicas que faciliten la modificación ilegal de armas. También queda restringido el uso de accesorios como visores nocturnos, miras térmicas o holográficas, y otros dispositivos que puedan facilitar la comisión de delitos.
En conjunto, estas reformas buscan fortalecer el control de armas en México, aumentar la seguridad en sectores estratégicos y limitar la disponibilidad de armamento y accesorios peligrosos fuera del marco legal.
