Al igual que Acción Nacional, el PRI solicitó la desaparición de poderes en Sinaloa tras señalamientos contra Rubén Rocha.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, pidió que las autoridades mexicanas actúen con rigor en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitaran su detención provisional con fines de extradición.
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De acuerdo con la petición, Rocha Moya sería trasladado a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial por presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular con la facción conocida como Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa.
En este contexto, Moreira Valdez cuestionó la postura de las autoridades mexicanas y subrayó la necesidad de actuar conforme a derecho.
“Lo que llama la atención es que, en otras ocasiones, México siempre lo ha aceptado y siempre lo ha aplicado, y en esta ocasión no. Nosotros lo que estamos exigiendo es la aplicación estricta de la ley, y que además se investigue a fondo lo sucedido, porque es obvio que, si esto es cierto, pues no se realizó por una sola persona”.
PRI solicita desaparición de poderes en Sinaloa
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió que en caso de comprobarse la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, se tendría que contemplar una medida extrema, es decir, la desaparición de poderes en la entidad.
El legislador priista sostuvo que un escenario de esa naturaleza implicaría una grave violación al orden democrático, por lo que sería necesario restablecer la legalidad mediante nuevos comicios.
“Si esto es cierto, que el crimen organizado participó en un proceso electoral, se debería de dar la desaparición de poderes y llamar a nuevas elecciones”, explicó el líder tricolor en la Cámara Baja.
En otro punto, Moreira Valdez también aclaró que la figura de la prisión preventiva oficiosa no sería aplicable en este caso, ya que el procedimiento solicitado por autoridades de Estados Unidos corresponde a una solicitud de extradición, lo cual sigue un cauce jurídico distinto dentro del sistema legal mexicano.
“No se aplica en ese caso la prisión preventiva oficiosa, está en otro procedimiento, aquí lo que le están solicitando es una detención para fines de extradición, que es distinto. Son dos cosas distintas, una cosa es un procedimiento en México y otra es un procedimiento de extradición, aquí lo que le están solicitando al gobierno mexicano es la detención, digamos, que urgente para después iniciar un proceso de extracción, son cosas distintas”, explicó.
