La ministra presidenta de la SCJN fue cuestionada por no acatar las medidas obligadas en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Este lunes 21 de octubre, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández, sostuvo una reunión privada para gestionar el presupuesto de este organismo para 2025.
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El monto total del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025 ascendía a 5 mil 922 millones de pesos para el ejercicio fiscal.
La propuesta ha sido criticada por no cumplir la Ley Federal de Austeridad Republicana, que establece la administración de los recursos federales con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
SCJN rechaza proyecto de presupuesto 2025 de Norma Piña
Fuentes cercanas a la Suprema Corte indicaron que entre los ministros hubo cuestionamientos sobre el proyecto, ya que no contempla los gastos y ajustes presupuestales derivados de la reforma judicial.
Estos incluyen la eliminación de los fideicomisos y la adecuación de los sueldos de los altos funcionarios para que no superen al de la presidencia de la república. No obstante, la propuesta fue rechazada por el pleno de la SCJN.
Ante este rechazo, la ministra Piña se comprometió a elaborar una nueva propuesta y presentarla el próximo martes 29 de octubre
Esta situación se da en el marco de un debate sobre la necesidad de un cambio profundo en las instituciones públicas para que el Poder Judicial deje de ser un espacio de privilegios y responda a las demandas de justicia e igualdad.
¿Qué planteaba al presupuesto fiscal presentado por Norma Piña?
Durante la reunión, varios ministros cuestionaron la inclusión de asignaciones millonarias para seguros privados y de separación individualizada.
Uno de los principales reclamos es la permanencia de estos beneficios, que fueron prohibidos para funcionarios públicos por la Ley Federal de Austeridad Republicana en su Artículo 16, fracción IV, donde explícitamente se impide el seguro de separación individualizada.
El presupuesto también contempla un aumento del 8.2 por ciento en el gasto operativo y un incremento del 74.9 por ciento en el rubro de proyectos. Además, Norma Piña pide un aumento salarial del 12.3 por ciento.
Lo más alarmante es la omisión de cualquier previsión sobre la reforma judicial impulsada por el gobierno federal. Se dejó fuera la supresión de fideicomisos, la reducción de sueldos para que no excedan el del presidente de la república, y otras medidas que buscan hacer más justo el sistema judicial.
