La Secretaría de Economía destacó que el fallo del Ciadi sienta un precedente que fortalece la certidumbre jurídica de México.
La Secretaría de Economía informó que México ganó un arbitraje internacional promovido por la minera Silver Bull Resources Inc., que reclamaba un pago por 315 millones de dólares.
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El fallo unánime a favor del país fue emitido por el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), representando una victoria jurídica y financiera enorme para el Estado mexicano.
La defensa de México corrió por cuenta del equipo técnico de la Secretaría de Economía y la firma legal internacional Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
¿Por qué Silver Bull demandó a México ante BM?
Entre 1996 y 2002, Silver Bull Resources adquirió varias concesiones mineras en el municipio de Sierra Mojada, una zona minera en Coahuila, con el objetivo de desarrollar un proyecto de extracción de plata y zinc.
Sin embargo, en septiembre de 2019, una cooperativa minera local bloqueó los accesos a las instalaciones e impidió que la empresa continuara con sus operaciones. El conflicto social escaló y el proyecto quedó completamente paralizado.
Por ese motivo, Silver Bull Resources acudió en 2023 al Ciadi alegando que el bloqueo de la cooperativa fue ilegal y que las autoridades de México no intervinieron para desalojar a los locales, entablando una demanda bajo el amparo del entonces TLCAN.
Minera de EU pagará a México gastos y costos de demanda
El tribunal desestimó por completo la demanda de la minera estadounidense Silver Bull Resources, librando al país de pagar una indemnización de 315 millones de dólares y obligando a la empresa a pagar los costos del juicio.
La defensa de México, de la mano de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, demostró que las autoridades de Coahuila actuaron de forma razonable y prudente frente a una disputa comunitaria local, buscando evitar la violencia en lugar de reprimir.
El equipo legal argumentó que Silver Bull ni siquiera contaba con la capacidad técnica ni el músculo financiero real para echar a andar el proyecto, usando el bloqueo como una excusa para culpar al Estado de su propio fracaso comercial.
El tribunal determinó que no tenía competencia para resolver el fondo del asunto. Concluyó que los hechos y reclamaciones invocados por la minera ocurrieron fuera del periodo o marco temporal en el que podían ser válidamente analizados bajo las reglas del TLCAN.
