Un juez federal ordenó a la Defensa entregar todos y cada uno de los documentos de inteligencia generados en 2014 sobre el caso Ayotzinapa.
Un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) entregar la totalidad de los documentos generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Centro (CFRI), con sede en Iguala, en el contexto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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La resolución judicial se da en el marco de la exigencia de madres y padres de los normalistas, quienes han denunciado que existen al menos 853 folios del CFRI que no han sido entregados y que resultarían clave para avanzar en el esclarecimiento del caso. Para las familias, el acceso completo a estos archivos es indispensable para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad.
De acuerdo con la sentencia, la falta de continuidad en la documentación no prueba que ésta no exista. Por el contrario, el juez consideró que esa irregularidad constituye un indicio de que la información se encuentra en poder de autoridades militares y, por tanto, debe ser puesta a disposición.
Dicho fallo fue emitido el pasado 19 de febrero por el juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Alan Arriola Padilla, dentro del juicio de amparo 1350/2023, según informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La resolución deriva de la demanda presentada en agosto de 2023 por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes reclamaron la omisión de la Defensa en la entrega de todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, en presunto incumplimiento del decreto presidencial de 2018 que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
¿Qué información le pidieron a Defensa sobre el caso Ayotzinapa?
Las familias señalaron directamente a distintas áreas de inteligencia militar por el presunto ocultamiento de documentos cuya existencia fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En ese reporte, los expertos documentaron que tuvieron acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relacionadas con el seguimiento a los estudiantes antes, durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Sin embargo, los archivos entregados estaban incompletos, lo que evidenció la posible existencia de documentación faltante.
El Centro Prodh sostuvo que los indicios permiten inferir que el contenido de esos documentos es relevante para comprender el contexto criminal en Iguala y esclarecer lo ocurrido aquel 26 de septiembre de 2014, año en que era presidente Enrique Peña Nieto.
Ante la parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), las familias recurrieron a la justicia federal. La sentencia reconoce su derecho a la verdad y establece que la información requerida no puede clasificarse como confidencial o secreta, dado el interés preponderante de las víctimas y de la sociedad en conocer lo sucedido.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
