La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra del Plan B de AMLO.
El Plan B de AMLO ha sufrido a lo largo de su discusión una enorme presión de distintos órganos gubernamentales que han impedido su ejecución. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) hacia este paquete de reformas que trastocaron la estructura de dicha institución.
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La decisión fue tomada por el ministro Javier Laynez Potisek y concedió una suspensión indefinida del Plan B. Este paquete será analizado por el ministro y la suspensión tiene el propósito de mantener la estructura del Instituto Nacional Electoral tal y como estaba previamente a la respectiva reforma.
Al momento de darse a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia se informó que ya se solicitó al Poder Ejecutivo Federal y Congreso de la Unión, que son las autoridades demandas por el INE, a presentar su contestación dentro del plazo legal. Esto para que sus argumentos sean analizados y se pueda desarrollar una propuesta de resolución.
SCJN suspende Plan B de AMLO
Inmediatamente a la suspensión, diversos actores políticos afines al gobierno de la Cuarta Transformación han asegurado que no es una sorpresa esta acción de la Corte. Han asegurado que el ministro Laynez Potisek pertenece al ala conservadora y defiende sus intereses.
Se ha resaltado que Laynez Potisek fungió como Procurador Fiscal de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la capacidad de suspender indefinidamente una reforma cuando se vulneran los derechos humanos. Así que el ministro Laynez Potisek argumentó que:
“La SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía.”
El INE argumentó en su demanda que el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera los derechos laborales de los empleados del INE y derechos políticos de la ciudadanía.
Es de suma importancia resaltar que esta suspensión es distinta a la solicitada por municipios de Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Sonora y Michoacán. En esta solicitud se impugnó el Plan B con el argumento de que este viola el principio de municipio libre sustentado en la Carta Magna.
