Los fondos malversados presuntamente se destinaron a proteger la salud de las mujeres, pero hasta ahora no hay rastro de ellos.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, más de 300 millones de pesos destinados a programas para la mujer desaparecieron o fueron mal utilizados. Estos recursos fueron asignados desde el gobierno federal hacia los gobiernos estatales para financiar programas de prevención de la mortalidad materna y del cáncer de mama, para promover la salud de la mujer antes, durante y después del embarazo, y para apoyar refugios antiviolencia.
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Durante el sexenio pasado y el primer año del actual, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el cual era responsable de distribuir y monitorear el uso de los recursos destinados a programas de prevención de la mortalidad materna y del cáncer de mama.
Así como a promover la salud de la mujer antes, durante y después del embarazo, y a apoyar refugios antiviolencia. Se trata de un total de 335 millones 107 mil 436.30 pesos que no se utilizaron adecuadamente y que actualmente no han sido recuperados.
Programas para la mujer, sin evidencia con Peña Nieto
A pesar de que la ASF ya ha emitido procedimientos para recuperar más de 290 millones de pesos por el daño patrimonial causado por el mal uso de los recursos destinados a programas de salud materna, sexual y reproductiva, hasta la fecha no se ha logrado recuperar ningún monto.
Asimismo, la ASF está investigando el destino de más de 42.9 millones de pesos que presuntamente fueron mal utilizados en 2018, así como 1.2 millones de la actual administración, también destinados al programa de salud materna, sexual y reproductiva.
Durante 2015, bajo el liderazgo de Ricardo Juan García Cavazos, actual director de Educación y Capacitación en Salud en el Hospital General de México, se registró la mayor pérdida de recursos públicos destinados a programas de “Salud materna y perinatal”.
La ASF solicitó el resarcimiento de más de 217 millones de pesos, identificados como daño patrimonial en dos auditorías realizadas al programa.
De ese monto, no se encontró evidencia de que 189.6 millones de pesos hubieran sido efectivamente utilizados en acciones para programas para la mujer que redujeran la mortalidad materna y mejorar la calidad de la atención obstétrica.
Dichas acciones incluyen la identificación de riesgos y daños en la salud perinatal y de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, mediante consultas prenatales, pruebas de tamiz neonatal, capacitación de médicos especialistas para la atención de emergencias obstétricas y parto respetuoso.
“Irregularidades estuvieron desde el inicio”
En ocho estados de México (Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Tabasco y Veracruz), las secretarías de Salud no pudieron demostrar que un total de 34.2 millones de pesos destinados a programas de salud materna y reproductiva hubieran sido utilizados correctamente.
Lo peor es que el dinero no se encontraba en las cuentas bancarias en las que había sido depositado.
Además, casi todos los estados, excepto Guanajuato, Jalisco, Michoacán y el entonces Distrito Federal, reportaron el pago de honorarios, sueldos y ayudas al personal médico por un total de 147 millones de pesos. A pesar de ello, no pudieron justificar el gasto con comprobantes que acreditaran el uso de ese dinero.
Los estados de Oaxaca, Quintana Roo y Guerrero fueron los que más gastaron sin comprobación en el programa de salud materna y reproductiva. En total, 147 millones de pesos destinados al pago de honorarios, sueldos y ayudas al personal médico no pudieron ser justificados con comprobantes.
Finalmente, dependencias de salud en trece estados gastaron 8.2 millones de pesos en viáticos, combustible, internet, señales analógicas y mantenimiento sin emitir facturas por estos servicios.
